Las asociaciones del Poder Judicial suscribieron una declaración para manifestar su profunda preocupación sobre la investigación de la polémica y fallida renovación de vehículos Lexus.
A propósito del procedimiento disciplinario levantado en contra del Director y Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por la renovación de automóviles asignados a los Ministros de la Corte Suprema, las asociaciones del Poder Judicial manifestaron su “profunda preocupación”.
Cabe recordar que el 12 de febrero de 2024, La Radio reveló que el Pleno de la Corte Suprema, en sesión extraordinaria de 02 febrero de ese mismo año, había autorizado el reemplazo de los vehículos para Ministros y Fiscal de la Corte Suprema.
Esta decisión generó críticas y cuestionamientos transversales, afectando todavía más la negativa imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía.
Producto de lo anterior, el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a solicitud del máximo tribunal, instruyó una investigación administrativa respecto del Director y el Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
A fines de febrero de 2024, en el marco del procedimiento investigativo, el Director y el Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial fueron suspendidos de sus funciones por cuatro meses. El plazo máximo que permite el reglamento de investigaciones disciplinarias determinó esta suspensión.
Funcionarios suspendidos designados a comisiones de servicio
No obstante, las asociaciones expusieron que estos funcionarios fueron designados en comisiones de servicio instruida por parte del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Las labores distintas a las funciones propias de sus cargos se realizaron fuera de las dependencias institucionales, expusieron las asociaciones.
El propósito de esta medida fue mantener su alejamiento presencial de las dependencias de la institución. También se buscaba seguir extendiendo el proceso investigativo en su contra.
Así las cosas, la Corporación Administrativa del Poder Judicial está por completar un año con sus dos más altas autoridades suspendidas, expusieron las asociaciones. Esta situación les impidió haber estado presente en la defensa del presupuesto para el año 2025.
En la declaración detallaron que tampoco pudieron participar en las diligencias y negociaciones posteriores, “con ocasión del recientemente conocido recorte presupuestario de 17 mil millones de pesos”.
“Inestabilidad e intranquilidad”
La falta por tan largo periodo de ambos funcionarios en el cargo titular genera “inestabilidad e intranquilidad en la CAPJ”. Esto puede generar efectos nocivos en el clima laboral de la institución, adujeron.
Por otra parte, en un debido proceso, el juez no debe tener intereses particulares en el procedimiento que instruye, pues afecta su imparcialidad. Sin embargo, en esta investigación administrativa tanto la fiscal a cargo de la investigación, como el órgano resolutor, forman parte del órgano que aprobó la cuestionada adquisición, manifestaron.
“Conforme a lo anterior y considerando los principios de transparencia, oportunidad y debido proceso, como asociaciones abogamos por el pronto término de este procedimiento y la respectiva determinación de responsabilidades y sanciones que correspondieren, si así fuera el caso”, cierra la declaración.
El documento lo suscriben Katherine Fabiola Galarce Muñoz, presidenta nacional Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (ANFUCAPJ); Marcelo Andrés Acevedo Vallejos, presidente nacional Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ); Patricio Aguilar Paulsen, presidente nacional Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (APRAJUD); y Eduardo Quijon Aravena, presidente nacional de la Asociación de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial.
Fuente: BioBioChile
