Por Marcelo Acevedo, presidente de Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ)
Ayer fuimos testigos de uno de los momentos más vergonzosos del Poder Judicial. En un Pleno Extraordinario, la Excelentísima Corte Suprema conoció y resolvió el cuaderno de remoción del ministro Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago. El resultado: decidió no removerlo.
Este episodio vuelve a poner en evidencia un problema profundo y estructural de nuestro Poder Judicial: la existencia de un manto de protección para ciertos funcionarios, especialmente aquellos del escalafón primario —jueces y ministros— que operan como un verdadero corporativismo, donde la amistad y los pactos internos parecen pesar más que la independencia judicial.
En este caso, el ministro Ulloa no sólo fue investigado por actuar como un lobista profesional en el nombramiento de jueces, ministros, notarios y funcionarios de diversos escalafones, sino que también se acreditó en el sumario que filtró información reservada al abogado Luis Hermosilla. A pesar de ello, la Corte Suprema decidió blindarlo.
La votación de ministras y ministros como Letelier, Ravanales, Simpertigue, Repetto y Valderrama —varios de ellos cercanos a Ulloa y con vínculos directos en el caso Hermosilla— confirma lo que muchos ya sospechaban: “aún quedan santos en la Corte”, figuras que parecen intocables pese a los antecedentes en su contra.
Pero más allá del caso específico, es importante considerar el momento histórico que atraviesa el Poder Judicial. Estamos en una etapa crítica, donde la credibilidad institucional ante la ciudadanía está seriamente comprometida. Y lo ocurrido ayer envía dos señales alarmantes:
Primero, hacia el interior del propio Poder Judicial, se reafirma la idea de que existen dos justicias: una, indulgente y protectora, para jueces y ministros; y otra, mucho más dura e implacable, para el resto de los funcionarios.
Segundo, hacia la ciudadanía, se transmite que la corrupción y el tráfico de influencias pueden ser tolerados dentro de la institución. Esto profundiza el descrédito público y abre la puerta a una posible intervención de otros poderes del Estado, como el Congreso, mediante mecanismos como una acusación constitucional. Así, la Corte Suprema queda en una posición de debilidad institucional.
Sin embargo, más allá del caso y sus consecuencias inmediatas, hay un problema aún más grave y estructural: la forma en que se gobierna el Poder Judicial. Actualmente, el escalafón primario concentra casi en exclusiva el poder de decisión, tanto en los órganos superiores como en la administración cotidiana de los tribunales. Desde el Consejo Superior hasta los comités de jueces en los tribunales reformados, la toma de decisiones se realiza sin participación real de los demás escalafones.
Aunque las asociaciones de funcionarios cuentan con representación legal, suelen ser sistemáticamente excluidas de los espacios de decisión, o, en el mejor de los casos, son invitadas con derecho a voz, pero sin capacidad real de incidir. Esta lógica vertical, jerárquica y excluyente impide cualquier avance hacia una democratización institucional. Se instala así la idea de que sólo el escalafón primario tiene la capacidad de pensar, opinar y decidir, desvalorizando el conocimiento y experiencia de miles de trabajadoras y trabajadores judiciales.
En cuanto a la relación con los otros poderes del Estado, el Poder Judicial ha sido incapaz de posicionarse con claridad y fuerza para asegurar los recursos que requiere su labor. En medio de una crisis de seguridad que monopoliza la agenda pública, no se ha visibilizado la precariedad en la que operan los tribunales a lo largo del país: escasez de jueces, funcionarios y condiciones materiales, lo que impide una justicia oportuna y eficaz. A ello se suma el estancamiento de las condiciones económicas de funcionarios y funcionarias, cuyos sueldos no han experimentado mejoras significativas en más de quince años.
Frente a este panorama, resulta urgente impulsar transformaciones profundas. Los cambios que actualmente se discuten en el Congreso son relevantes, pero deben ser objeto de una crítica seria: en lugar de resolver el problema de fondo, perpetúan el tráfico de influencias y simplemente trasladan la concentración de poder de un grupo a otro. Si seguimos operando bajo una lógica de poder cerrado y concentrado —que más parece una monarquía que un órgano propio de un Estado democrático—, será imposible avanzar hacia una justicia realmente moderna, transparente y al servicio de la ciudadanía.
