Excelentísimo Pleno de la Corte Suprema:
Muy buenos días. Con la venia de este Excelentísimo Tribunal, me permito intervenir para expresar lo siguiente:
Lo primero que debemos considerar es el momento histórico que atraviesa el Poder Judicial. Nos encontramos en una etapa crítica en términos de credibilidad ante la ciudadanía. Esta desconfianza no es meramente una percepción, sino que responde a hechos objetivos. Un ejemplo reciente —y lamentablemente ilustrativo— es la decisión de este mismo Pleno de no remover al Ministro señor Antonio Ulloa. Esta resolución ha enviado dos señales profundamente preocupantes:
Primero, hacia el interior del Poder Judicial, se reafirma la idea de que existen dos tipos de justicia: una que se aplica a jueces y ministros, percibidos como figuras privilegiadas y protegidas, y otra, mucho más dura e implacable, que recae sobre el resto de los funcionarios.
Segundo, hacia la ciudadanía, se transmite que la corrupción, mediante el tráfico de influencias, puede ser tolerada dentro de nuestra institución. Esto agrava aún más el desprestigio que enfrentamos y abre la puerta a que otros poderes del Estado, como el Congreso Nacional, deban intervenir a través de mecanismos como una acusación constitucional, dejando a la Corte Suprema en una situación de debilidad institucional.
Sin embargo, más allá de estos casos puntuales, existe un problema estructural aún más profundo: la gobernanza del Poder Judicial. Actualmente, el escalafón primario concentra casi exclusivamente el poder de decisión, tanto en los órganos superiores como en la administración cotidiana de los tribunales. Desde el Consejo Superior hasta los comités de jueces en los tribunales reformados, la toma de decisiones se realiza sin una participación real de los demás escalafones. Las asociaciones de funcionarios, a pesar de contar con representación legal, son sistemáticamente excluidas de estos espacios o, en el mejor de los casos, invitadas sólo con derecho a voz, sin capacidad de incidir efectivamente.
Esta lógica vertical y excluyente niega la posibilidad de construir una verdadera democratización institucional. Se da la impresión de que este Excelentísimo Tribunal considera que la capacidad de pensar, opinar y decidir reside exclusivamente en el escalafón primario, desvalorizando el conocimiento y la experiencia de miles de trabajadoras y trabajadores judiciales.
En cuanto a la relación con los otros poderes del Estado, el Poder Judicial no ha logrado posicionarse con la claridad y la fuerza necesarias para asegurar los recursos que requiere nuestra función. En un contexto de crisis de seguridad que domina la agenda pública, no se ha visibilizado suficientemente la precariedad en la que operan nuestros tribunales: escasez de jueces, funcionarios y condiciones materiales en todo el país. Esta precariedad impide que la justicia sea oportuna y eficaz. A ello se suma el estancamiento de las condiciones económicas de nuestros funcionarios y funcionarias, cuyos sueldos llevan más de quince años sin una mejora significativa.
Frente a este panorama, es urgente emprender transformaciones profundas. Las y los trabajadores del Poder Judicial estamos plenamente disponibles para ser parte de estos cambios, con el objetivo de construir una justicia a la altura del siglo XXI. Sin embargo, dichos cambios no serán posibles si seguimos operando bajo una lógica de poder concentrado, que más parece una monarquía que un órgano de un Estado democrático.
Esperamos que estas jornadas de reflexión permitan visibilizar posturas históricas que atraviesan toda nuestra institución. Y aunque sean históricas, no por ello deben perpetuarse. Hoy, Excelentísimos Ministros y Ministras, tienen en sus manos la posibilidad de iniciar un proceso de cambio institucional que fortalezca la transparencia, promueva una verdadera carrera judicial, y ponga fin a los abusos de poder.
Por lo tanto, venimos a solicitar a este Excelentísimo Tribunal lo siguiente:
Participación efectiva de todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial en los Comités, Consejo Superior, Consejos Zonales y en los Plenos de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que aborden temas que puedan afectarnos o beneficiarnos. Esta participación debe incluir derecho a voz y voto, y ser ejercida por representantes elegidos por las asociaciones de funcionarios legalmente reconocidas.
Publicidad y transparencia de todas las sesiones administrativas de las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema, Consejo Superior y Consejos Zonales. Estas sesiones deben ser públicas, transmitidas en directo y quedar grabadas para su fiscalización posterior por parte de la ciudadanía.
Reordenamiento de las cargas de trabajo en todos los tribunales del país, mediante un estudio técnico externo. Además, solicitamos que todos los funcionarios y funcionarias que se encuentren en calidad de contrata por más de cinco años pasen automáticamente a planta, reconociendo su experiencia y estabilidad laboral.
Fin al subcontrato en el Poder Judicial. Todas las trabajadoras y trabajadores de aseo, seguridad y mantención deben integrarse a la planta de los tribunales como personal titular, como una mínima medida de justicia laboral.
Apoyamos firmemente la creación del programa de facilitadores judiciales, como mecanismo para ampliar el acceso a la justicia en sectores históricamente excluidos.
Solicitamos la incorporación responsable de tecnologías basadas en inteligencia artificial para mejorar el acceso, la eficiencia y la administración de justicia, siempre resguardando los derechos fundamentales.
Separación efectiva entre funciones jurisdiccionales y administrativas en los tribunales reformados, proponiendo la eliminación de los comités de jueces y su reemplazo por una figura de Juez Coordinador, elegido democráticamente por sus pares.
Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que estas propuestas no sólo sean escuchadas, sino que marquen el inicio de un proceso de transformación profunda, que dignifique a nuestra institución y recupere la confianza de la ciudadanía.
