Comunicado Gremios y Asociaciones del Poder Judicial
Estimadas y estimados compañeros y colegas. Las Asociaciones que suscriben vienen en informarque este Martes 16 de Septiembre nos reunimos con las Ministras Sra. Chevesick y Sra. Gonzalez,encargadas de la discusión de la propuesta de la Ley de Incentivo al Retiro para el Poder Judicial. Que la actual propuesta del Poder ejecutivo no logra satisfacer las peticiones que hicimos los gremiosdel Poder Judicial, por lo que seguiremos trabajando de forma conjunta en que se puedan satisfacerlas necesidades de todas y todos los funcionarios judiciales. Ahora bien, en estas actuales condiciones de incertidumbre, les invitamos a todos quienes cumplancon los requisitos establecidos en la normativa del incentivo a retiro vigente a postular a éste, ya queaún existen cupos suficientes para quienes deseen y reúnan los requisitos, considerando además, aque dentro de las propuesta por parte de la Dirección de Presupuesto DIPRES sería mantener losmontos del incentivo a retiro actualmente vigentes, y por otra parte, en atención al detrimento elpresupuesto público, propone la autoridad otorgar menos cupos de los que se requerirán. Por último, informamos que seguiremos trabajando en conjunto para lograr un incentivo al retiro enmejores condiciones de lo ofrecido por la autoridad competente. Gremios del Poder Judicial – Asociación Nacional de Empleados y Empleadas Judiciales. ANEJUD @anejudchile – Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial. ANCOT @ancot_pjud – Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. APRAJUD @aprajud_ – Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. ANFUCAPJ @_anfucapj – Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales. OTJ @otj_chile
Caso Lexus: Corte Suprema se blanquea comunicacionalmente removiendo al Director y Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial
El día de ayer, a través de los medios de comunicación institucionales del Poder Judicial, tomamos conocimiento de que la Corte Suprema removió al Director y Subdirector de la Corporación Administrativa del PJUD, argumentando la pérdida de confianza, a consecuencia del sumario del llamado “caso Lexus”, y estableciéndolos como responsables del hecho. En definitiva, fueron los propios Ministros Supremos, a través de un pleno, quienes tomaron la decisión de comprar los Lexus. A pesar de ello, la excma. Corte Suprema responsabilizó a quienes no tomaron la decisión de adquirir los vehículos de alta gama. Este blanqueamiento comunicacional nos parece una maniobra grotesca, lo que se evidencia además, en el hecho de que se publicó la noticia inmediatamente en su portal, sin previa notificación a los involucrados y peor aún, sancionando a personas que no son las responsables directamente en la toma de decisiones. Por otra parte, la decisión de remoción del Subdirector es contraria a derecho, por cuanto el señor Zvonimr Koporcic es director regional de nuestra organización. Por esto, hemos presentado un requerimiento al Excmo. Pleno de la Corte Suprema, para que se respete la normativa vigente, pues se ha vulnerado el fuero sindical que ostenta todo dirigente y la pérdida de confianza no es causal suficiente para vulnerar dicho fuero. Finalmente, la medida tomada por la Corte Suprema vulnera no solo la normativa interna de Chile, sino que también los convenios 98 y 89 de la OIT, que garantizan plenamente todos los derechos relacionados con la formación, organización y funcionamiento de sindicatos y asociaciones, además de estar amparado bajo el artículo 19 número 16 de la Constitución, que garantiza la protección del trabajo y las actividades relacionadas a la libertad sindical, siendo por tanto la remoción del señor Koporcic Alfaro, un acto contrario a derecho.
Presidente de los trabajadores del Poder Judicial: «Al juez Urrutia quisieron dañarle su reputación y carrera»
El presidente de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial, Marcelo Acevedo, revela los entramados del sistema judicial chileno en una conversación exclusiva con El Ágora. La entrevista con Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial (OTJ), desnuda las graves falencias estructurales en el Poder Judicial chileno. Entre los temas abordados, destaca la falta de transparencia, la incidencia del tráfico de influencias en los nombramientos judiciales y la controversia que rodea al juez Daniel Urrutia, quien ha sido objeto de una supuesta operación para dañar su reputación. Tráfico de influencias y sus consecuencias “Los famosos chats de Luis Hermosilla han expuesto no sólo el tráfico de influencias, sino también el sistema de favores que se genera tras los nombramientos de jueces y ministros,” comienza explicando Acevedo. A su juicio, estos intercambios incluyen beneficios indebidos para aquellos que facilitan dichos nombramientos. Casos recientes, como el de la ministra Verónica Sabaj, muestran cómo estos favores pueden perjudicar a otros magistrados. Acevedo señala: “La influencia de Hermosilla y Chadwick durante el gobierno de Sebastián Piñera facilitó el nombramiento de Sabaj, quien posteriormente habría actuado para inhabilitar al juez Daniel Urrutia”. Estos hechos, relatados en los chats filtrados, también revelan una animadversión hacia Urrutia. La situación del juez Urrutia El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, conocido por su postura crítica hacia el gobierno de Piñera y Carabineros tras el estallido social, se ha convertido en una figura polémica dentro del Poder Judicial. “No se trata sólo de desacuerdos jurídicos; la campaña contra él parece ser un esfuerzo concertado para dañar su reputación y carrera”, indica Acevedo. Luis Hermosilla, según los audios y chats filtrados, habría maquinado una estrategia para debilitar a Urrutia, quien era visto como un obstáculo para los intereses de ciertos sectores cercanos al gobierno de Piñera. Crítica al sistema de nombramientos Marcelo Acevedo denuncia que el sistema de nombramientos judiciales en Chile está profundamente viciado: “Los jueces y ministros son propuestos por el Ministerio de Justicia, el Presidente de la República y ratificados por el Senado. Este entramado favorece el tráfico de influencias, ya que los nombrados quedan en deuda con quienes los promovieron”. El problema no radica sólo en el nombramiento de jueces, sino también en las repercusiones posteriores. “Cuando aceptas un favor para obtener un cargo, inevitablemente le debes algo a quien te ayudó. Esto afecta la independencia judicial y socava la confianza pública en el sistema,” afirma. Dos justicias para Chile Acevedo también aborda el impacto de estas prácticas en la percepción ciudadana. “Esto perpetúa la idea de que existen dos justicias: una para quienes tienen influencias y otra para la ciudadanía común”, comenta. Finalmente, destaca la importancia de realizar reformas profundas: “Es necesario terminar con esta amalgama entre política y justicia. Sólo así se podrá recuperar la credibilidad del sistema judicial chileno”. Fuente: El Ágora
Alarma en asociaciones del Poder Judicial por lenta indagatoria de fallida renovación de autos Lexus
Las asociaciones del Poder Judicial suscribieron una declaración para manifestar su profunda preocupación sobre la investigación de la polémica y fallida renovación de vehículos Lexus. A propósito del procedimiento disciplinario levantado en contra del Director y Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por la renovación de automóviles asignados a los Ministros de la Corte Suprema, las asociaciones del Poder Judicial manifestaron su “profunda preocupación”. Cabe recordar que el 12 de febrero de 2024, La Radio reveló que el Pleno de la Corte Suprema, en sesión extraordinaria de 02 febrero de ese mismo año, había autorizado el reemplazo de los vehículos para Ministros y Fiscal de la Corte Suprema. Esta decisión generó críticas y cuestionamientos transversales, afectando todavía más la negativa imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía. Producto de lo anterior, el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a solicitud del máximo tribunal, instruyó una investigación administrativa respecto del Director y el Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. A fines de febrero de 2024, en el marco del procedimiento investigativo, el Director y el Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial fueron suspendidos de sus funciones por cuatro meses. El plazo máximo que permite el reglamento de investigaciones disciplinarias determinó esta suspensión. Funcionarios suspendidos designados a comisiones de servicio No obstante, las asociaciones expusieron que estos funcionarios fueron designados en comisiones de servicio instruida por parte del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Las labores distintas a las funciones propias de sus cargos se realizaron fuera de las dependencias institucionales, expusieron las asociaciones. El propósito de esta medida fue mantener su alejamiento presencial de las dependencias de la institución. También se buscaba seguir extendiendo el proceso investigativo en su contra. Así las cosas, la Corporación Administrativa del Poder Judicial está por completar un año con sus dos más altas autoridades suspendidas, expusieron las asociaciones. Esta situación les impidió haber estado presente en la defensa del presupuesto para el año 2025. En la declaración detallaron que tampoco pudieron participar en las diligencias y negociaciones posteriores, “con ocasión del recientemente conocido recorte presupuestario de 17 mil millones de pesos”. “Inestabilidad e intranquilidad” La falta por tan largo periodo de ambos funcionarios en el cargo titular genera “inestabilidad e intranquilidad en la CAPJ”. Esto puede generar efectos nocivos en el clima laboral de la institución, adujeron. Por otra parte, en un debido proceso, el juez no debe tener intereses particulares en el procedimiento que instruye, pues afecta su imparcialidad. Sin embargo, en esta investigación administrativa tanto la fiscal a cargo de la investigación, como el órgano resolutor, forman parte del órgano que aprobó la cuestionada adquisición, manifestaron. “Conforme a lo anterior y considerando los principios de transparencia, oportunidad y debido proceso, como asociaciones abogamos por el pronto término de este procedimiento y la respectiva determinación de responsabilidades y sanciones que correspondieren, si así fuera el caso”, cierra la declaración. El documento lo suscriben Katherine Fabiola Galarce Muñoz, presidenta nacional Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (ANFUCAPJ); Marcelo Andrés Acevedo Vallejos, presidente nacional Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ); Patricio Aguilar Paulsen, presidente nacional Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (APRAJUD); y Eduardo Quijon Aravena, presidente nacional de la Asociación de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial. Fuente: BioBioChile