Presentes en este nuevo 8M
Mujeres OTJ ¡¡Presentes!! Nos hicimos parte de la convocatoria de la marcha del 8M. Porque no queremos flores, queremos decrechos, marchamos juntas, sin miedo y con la convicción por delante, por justicia, igualdad, respeto y derechos. ¡Arriba las mujeres luchadoras!
DECLARACION PUBLICA
PRECARIDAD DEL EMPLEO Y ACTA 302/2025 Durante la jornada de hoy, diversos trabajadores/as se han acercado a nuestros dirigentes para manifestar sus preocupaciones respecto a su futuro laboral. Como es habitual en el Poder Judicial, y pese a la normativa expresa respecto a la renovación de las contratas, en la cual la fecha de comunicar su continuidad es hasta el 30 de noviembre de cada año, hay diversas unidades y jefaturas que incumplen esta normativa y eligen estas fechas para comunicar la continuidad de los trabajadores en sus lugares de trabajo. así mientras el resto del país se prepara para la celebración de las fiestas de fin de año, cientos de funcionarios y funcionarias judiciales enfrentan la angustia de no saber si continuarán en sus funciones o enfrentarán la cesantía. De esta manera, al estrés, el agobio y la sobrecarga laboral se suma a la incertidumbre de su continuidad laboral y con ello seguir recibiendo el sustento, en muchas ocasiones el único en su familia. Como Organización exigiremos tanto a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, como a las Unidades Judiciales, Tribunales de Primera Instancia y Cortes del país que cumplan a cabalidad con los plazos de renovación de las contratas, en caso contrario denunciaremos a quienes lo vulneren con el fin que se instruyan los sumarios administrativos y se cursen las sanciones que correspondan por la gravedad y jugar con la vida laboral de muchos de sus trabajadores/as, además que esta actitud arbitraria e ilegal puede constituir en un acoso laboral. Por otra parte, en cuanto a la dictación del Acta 302/2025 por la Corte Suprema, lo primero que debemos decir, es que esta fue hecha sin la participación de ninguna de las asociaciones constituidas en el Poder Judicial. Ahora bien, además del vicio de origen, tiene un problema de fondo, que cuarta la legitima posibilidad de cualquier funcionario/a independiente de su calidad, pueda hacer una suplencia o contrata para así desarrollarse, tanto profesionalmente como económicamente. El acta mencionada no ataca el problema de fondo, que es actualizar la planta en las distintas unidades del país, que están con un déficit de personal abrumador por lo que la Corte Suprema debe hacer es, primero antes de implementar una medida regresiva como la que señala el Acta 302, es que las contratas con más de 5 años pasen a planta para terminar con la precarización. Finalmente hacemos un llamado a todos quienes requieran asistencia y apoyo para ejercer las acciones que la legislación y las actas contemplan, a fin de resguardar sus puestos de trabajo, a que se contacten con nuestra organización y/o con sus dirigentes a través del correo electrónico comunicaciones.otj@gmail.com o ingresar a nuestra pagina web otj.cl en nuestro canal de denuncia. COMO ORGANIZACIÓN EXIGIREMOS: – Cumplimiento estricto de los plazos: respeto a la normativa vigente y las actas que fijan el plazo de 30 de noviembre como fecha límite de notificación. No a la discrecionalidad de las jefaturas pase por sobre la norma. – Terminar con la precariedad laboral y avanzar hacia una estabilidad laboral real en el Poder Judicial y que se actualicen las plantas, pasando las contratas de 5 años a ocupar plazas de planta. – Se suspenda los efectos del acta 302 mientras no se habrá una mesa de negociación con las asociaciones del Poder Judicial para atacar el problema de fondo señalado en el punto anterior. En lo próximo estaremos convocando a diversas instancias para movilizar y organizarnos como trabajadores/as para terminar con esta realidad denigrante hacia los trabajadores y trabajadoras en el Poder Judicial ¡NO ESTAMOS SOLOS! ¡LAS Y LOS TRABAJADORES JUDICIALES NOS MERECEMOS UN TRABAJO DIGNO!
Comunicado Gremios y Asociaciones del Poder Judicial
Estimadas y estimados compañeros y colegas. Las Asociaciones que suscriben vienen en informarque este Martes 16 de Septiembre nos reunimos con las Ministras Sra. Chevesick y Sra. Gonzalez,encargadas de la discusión de la propuesta de la Ley de Incentivo al Retiro para el Poder Judicial. Que la actual propuesta del Poder ejecutivo no logra satisfacer las peticiones que hicimos los gremiosdel Poder Judicial, por lo que seguiremos trabajando de forma conjunta en que se puedan satisfacerlas necesidades de todas y todos los funcionarios judiciales. Ahora bien, en estas actuales condiciones de incertidumbre, les invitamos a todos quienes cumplancon los requisitos establecidos en la normativa del incentivo a retiro vigente a postular a éste, ya queaún existen cupos suficientes para quienes deseen y reúnan los requisitos, considerando además, aque dentro de las propuesta por parte de la Dirección de Presupuesto DIPRES sería mantener losmontos del incentivo a retiro actualmente vigentes, y por otra parte, en atención al detrimento elpresupuesto público, propone la autoridad otorgar menos cupos de los que se requerirán. Por último, informamos que seguiremos trabajando en conjunto para lograr un incentivo al retiro enmejores condiciones de lo ofrecido por la autoridad competente. Gremios del Poder Judicial – Asociación Nacional de Empleados y Empleadas Judiciales. ANEJUD @anejudchile – Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial. ANCOT @ancot_pjud – Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. APRAJUD @aprajud_ – Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. ANFUCAPJ @_anfucapj – Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales. OTJ @otj_chile
Caso Lexus: Corte Suprema se blanquea comunicacionalmente removiendo al Director y Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial
El día de ayer, a través de los medios de comunicación institucionales del Poder Judicial, tomamos conocimiento de que la Corte Suprema removió al Director y Subdirector de la Corporación Administrativa del PJUD, argumentando la pérdida de confianza, a consecuencia del sumario del llamado “caso Lexus”, y estableciéndolos como responsables del hecho. En definitiva, fueron los propios Ministros Supremos, a través de un pleno, quienes tomaron la decisión de comprar los Lexus. A pesar de ello, la excma. Corte Suprema responsabilizó a quienes no tomaron la decisión de adquirir los vehículos de alta gama. Este blanqueamiento comunicacional nos parece una maniobra grotesca, lo que se evidencia además, en el hecho de que se publicó la noticia inmediatamente en su portal, sin previa notificación a los involucrados y peor aún, sancionando a personas que no son las responsables directamente en la toma de decisiones. Por otra parte, la decisión de remoción del Subdirector es contraria a derecho, por cuanto el señor Zvonimr Koporcic es director regional de nuestra organización. Por esto, hemos presentado un requerimiento al Excmo. Pleno de la Corte Suprema, para que se respete la normativa vigente, pues se ha vulnerado el fuero sindical que ostenta todo dirigente y la pérdida de confianza no es causal suficiente para vulnerar dicho fuero. Finalmente, la medida tomada por la Corte Suprema vulnera no solo la normativa interna de Chile, sino que también los convenios 98 y 89 de la OIT, que garantizan plenamente todos los derechos relacionados con la formación, organización y funcionamiento de sindicatos y asociaciones, además de estar amparado bajo el artículo 19 número 16 de la Constitución, que garantiza la protección del trabajo y las actividades relacionadas a la libertad sindical, siendo por tanto la remoción del señor Koporcic Alfaro, un acto contrario a derecho.
Presidente de los trabajadores del Poder Judicial: «Al juez Urrutia quisieron dañarle su reputación y carrera»
El presidente de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial, Marcelo Acevedo, revela los entramados del sistema judicial chileno en una conversación exclusiva con El Ágora. La entrevista con Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial (OTJ), desnuda las graves falencias estructurales en el Poder Judicial chileno. Entre los temas abordados, destaca la falta de transparencia, la incidencia del tráfico de influencias en los nombramientos judiciales y la controversia que rodea al juez Daniel Urrutia, quien ha sido objeto de una supuesta operación para dañar su reputación. Tráfico de influencias y sus consecuencias “Los famosos chats de Luis Hermosilla han expuesto no sólo el tráfico de influencias, sino también el sistema de favores que se genera tras los nombramientos de jueces y ministros,” comienza explicando Acevedo. A su juicio, estos intercambios incluyen beneficios indebidos para aquellos que facilitan dichos nombramientos. Casos recientes, como el de la ministra Verónica Sabaj, muestran cómo estos favores pueden perjudicar a otros magistrados. Acevedo señala: “La influencia de Hermosilla y Chadwick durante el gobierno de Sebastián Piñera facilitó el nombramiento de Sabaj, quien posteriormente habría actuado para inhabilitar al juez Daniel Urrutia”. Estos hechos, relatados en los chats filtrados, también revelan una animadversión hacia Urrutia. La situación del juez Urrutia El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, conocido por su postura crítica hacia el gobierno de Piñera y Carabineros tras el estallido social, se ha convertido en una figura polémica dentro del Poder Judicial. “No se trata sólo de desacuerdos jurídicos; la campaña contra él parece ser un esfuerzo concertado para dañar su reputación y carrera”, indica Acevedo. Luis Hermosilla, según los audios y chats filtrados, habría maquinado una estrategia para debilitar a Urrutia, quien era visto como un obstáculo para los intereses de ciertos sectores cercanos al gobierno de Piñera. Crítica al sistema de nombramientos Marcelo Acevedo denuncia que el sistema de nombramientos judiciales en Chile está profundamente viciado: “Los jueces y ministros son propuestos por el Ministerio de Justicia, el Presidente de la República y ratificados por el Senado. Este entramado favorece el tráfico de influencias, ya que los nombrados quedan en deuda con quienes los promovieron”. El problema no radica sólo en el nombramiento de jueces, sino también en las repercusiones posteriores. “Cuando aceptas un favor para obtener un cargo, inevitablemente le debes algo a quien te ayudó. Esto afecta la independencia judicial y socava la confianza pública en el sistema,” afirma. Dos justicias para Chile Acevedo también aborda el impacto de estas prácticas en la percepción ciudadana. “Esto perpetúa la idea de que existen dos justicias: una para quienes tienen influencias y otra para la ciudadanía común”, comenta. Finalmente, destaca la importancia de realizar reformas profundas: “Es necesario terminar con esta amalgama entre política y justicia. Sólo así se podrá recuperar la credibilidad del sistema judicial chileno”. Fuente: El Ágora
Alarma en asociaciones del Poder Judicial por lenta indagatoria de fallida renovación de autos Lexus
Las asociaciones del Poder Judicial suscribieron una declaración para manifestar su profunda preocupación sobre la investigación de la polémica y fallida renovación de vehículos Lexus. A propósito del procedimiento disciplinario levantado en contra del Director y Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por la renovación de automóviles asignados a los Ministros de la Corte Suprema, las asociaciones del Poder Judicial manifestaron su “profunda preocupación”. Cabe recordar que el 12 de febrero de 2024, La Radio reveló que el Pleno de la Corte Suprema, en sesión extraordinaria de 02 febrero de ese mismo año, había autorizado el reemplazo de los vehículos para Ministros y Fiscal de la Corte Suprema. Esta decisión generó críticas y cuestionamientos transversales, afectando todavía más la negativa imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía. Producto de lo anterior, el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a solicitud del máximo tribunal, instruyó una investigación administrativa respecto del Director y el Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. A fines de febrero de 2024, en el marco del procedimiento investigativo, el Director y el Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial fueron suspendidos de sus funciones por cuatro meses. El plazo máximo que permite el reglamento de investigaciones disciplinarias determinó esta suspensión. Funcionarios suspendidos designados a comisiones de servicio No obstante, las asociaciones expusieron que estos funcionarios fueron designados en comisiones de servicio instruida por parte del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Las labores distintas a las funciones propias de sus cargos se realizaron fuera de las dependencias institucionales, expusieron las asociaciones. El propósito de esta medida fue mantener su alejamiento presencial de las dependencias de la institución. También se buscaba seguir extendiendo el proceso investigativo en su contra. Así las cosas, la Corporación Administrativa del Poder Judicial está por completar un año con sus dos más altas autoridades suspendidas, expusieron las asociaciones. Esta situación les impidió haber estado presente en la defensa del presupuesto para el año 2025. En la declaración detallaron que tampoco pudieron participar en las diligencias y negociaciones posteriores, “con ocasión del recientemente conocido recorte presupuestario de 17 mil millones de pesos”. “Inestabilidad e intranquilidad” La falta por tan largo periodo de ambos funcionarios en el cargo titular genera “inestabilidad e intranquilidad en la CAPJ”. Esto puede generar efectos nocivos en el clima laboral de la institución, adujeron. Por otra parte, en un debido proceso, el juez no debe tener intereses particulares en el procedimiento que instruye, pues afecta su imparcialidad. Sin embargo, en esta investigación administrativa tanto la fiscal a cargo de la investigación, como el órgano resolutor, forman parte del órgano que aprobó la cuestionada adquisición, manifestaron. “Conforme a lo anterior y considerando los principios de transparencia, oportunidad y debido proceso, como asociaciones abogamos por el pronto término de este procedimiento y la respectiva determinación de responsabilidades y sanciones que correspondieren, si así fuera el caso”, cierra la declaración. El documento lo suscriben Katherine Fabiola Galarce Muñoz, presidenta nacional Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (ANFUCAPJ); Marcelo Andrés Acevedo Vallejos, presidente nacional Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ); Patricio Aguilar Paulsen, presidente nacional Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (APRAJUD); y Eduardo Quijon Aravena, presidente nacional de la Asociación de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial. Fuente: BioBioChile