Categoría: Titular

Presentes en este nuevo 8M

Mujeres OTJ ¡¡Presentes!! Nos hicimos parte de la convocatoria de la marcha del 8M. Porque no queremos flores, queremos decrechos, marchamos juntas, sin miedo y con la convicción por delante, por justicia, igualdad, respeto y derechos. ¡Arriba las mujeres luchadoras!

“Nuestro sistema judicial está corrupto”: La denuncia del Presidente de los trabajadores judiciales

En VIAX: “Nuestro SISTEMA JUDICIAL está CORRUPTO”: La denuncia del Presidente de los trabajadores judiciales – YouTube El representante de las y los trabajadores del poder judicial afirmó que existe vergüenza entre los funcionarios por los escándalos de corrupción que han involucrado ex ministros del máximo tribunal.  En Stock Disponible, Freddy Stock conversó con el presidente de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ), Marcelo Acevedo, quien dijo que nuestro sistema judicial “está corrupto”  y aseguró que “era un secreto a voces que había una corrupción profunda” en tribunales.  Acevedo cuestionó la “familia judicial”, señalando que permite que familiares de ministros de la Corte accedan a buenos cargos judiciales por vínculos de parentesco con jueces.  Respecto a la llegada de Gloria Ana Chevesich a la presidencia del máximo tribunal, el presidente de la OTJ lo calificó como una buena noticia “vemos una mirada de esperanza en la nueva presidenta”. También, añadió que los trabajadores judiciales están “disponibles para estos cambios”, pero cree que los ministros de las cortes de Apelaciones y Suprema no lo están.  Sobre la situación de la ex ministra Ángela Vivanco, Acevedo señaló que “teníamos la impresión que era más una política que una juez”. Además, se refirió a la ex jueza María Teresa Letelier, quien habría fingido el robo de su celular, indicando que “representa lo que hay que cambiar del Poder Judicial”.  Finalmente, el presidente de la OTJ advirtió que no se puede asegurar “que no existan más” ministros involucrados en hechos de corrupción dentro del Poder Judicial. 

DECLARACION PUBLICA

PRECARIDAD DEL EMPLEO Y ACTA 302/2025 Durante la jornada de hoy, diversos trabajadores/as se han acercado a nuestros dirigentes para manifestar sus preocupaciones respecto a su futuro laboral. Como es habitual en el Poder Judicial, y pese a la normativa expresa respecto a la renovación de las contratas, en la cual la fecha de comunicar su continuidad es hasta el 30 de noviembre de cada año, hay diversas unidades y jefaturas que incumplen esta normativa y eligen estas fechas para comunicar la continuidad de los trabajadores en sus lugares de trabajo. así mientras el resto del país se prepara para la celebración de las fiestas de fin de año, cientos de funcionarios y funcionarias judiciales enfrentan la angustia de no saber si continuarán en sus funciones o enfrentarán la cesantía. De esta manera, al estrés, el agobio y la sobrecarga laboral se suma a la incertidumbre de su continuidad laboral y con ello seguir recibiendo el sustento, en muchas ocasiones el único en su familia. Como Organización exigiremos tanto a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, como a las Unidades Judiciales, Tribunales de Primera Instancia y Cortes del país que cumplan a cabalidad con los plazos de renovación de las contratas, en caso contrario denunciaremos a quienes lo vulneren con el fin que se instruyan los sumarios administrativos y se cursen las sanciones que correspondan por la gravedad y jugar con la vida laboral de muchos de sus trabajadores/as, además que esta actitud arbitraria e ilegal puede constituir en un acoso laboral.    Por otra parte, en cuanto a la dictación del Acta 302/2025 por la Corte Suprema, lo primero que debemos decir, es que esta fue hecha sin la participación de ninguna de las asociaciones constituidas en el Poder Judicial. Ahora bien, además del vicio de origen, tiene un problema de fondo, que cuarta la legitima posibilidad de cualquier funcionario/a independiente de su calidad, pueda hacer una suplencia o contrata para así desarrollarse, tanto profesionalmente como económicamente. El acta mencionada no ataca el problema de fondo, que es actualizar la planta en las distintas unidades del país, que están con un déficit de personal abrumador por lo que la Corte Suprema debe hacer es, primero antes de implementar una medida regresiva como la que señala el Acta 302, es que las contratas con más de 5 años pasen a planta para terminar con la precarización. Finalmente hacemos un llamado a todos quienes requieran asistencia y apoyo para ejercer las acciones que la legislación y las actas contemplan, a fin de resguardar sus puestos de trabajo, a que se contacten con nuestra organización y/o con sus dirigentes a través del correo electrónico comunicaciones.otj@gmail.com o ingresar a nuestra pagina web otj.cl en nuestro canal de denuncia. COMO ORGANIZACIÓN EXIGIREMOS:  – Cumplimiento estricto de los plazos:  respeto a la normativa vigente y las actas que fijan el plazo de 30 de noviembre como fecha límite de notificación. No a la discrecionalidad de las jefaturas pase por sobre la norma. – Terminar con la precariedad laboral y avanzar hacia una estabilidad laboral real en el Poder Judicial y que se actualicen las plantas, pasando las contratas de 5 años a ocupar plazas de planta. – Se suspenda los efectos del acta 302 mientras no se habrá una mesa de negociación con las asociaciones del Poder Judicial para atacar el problema de fondo señalado en el punto anterior. En lo próximo estaremos convocando a diversas instancias para movilizar y organizarnos como trabajadores/as para terminar con esta realidad denigrante hacia los trabajadores y trabajadoras en el Poder Judicial ¡NO ESTAMOS SOLOS!  ¡LAS Y LOS TRABAJADORES JUDICIALES NOS MERECEMOS UN TRABAJO DIGNO! 

OTJ pide remover a Simpertigue por viajes y nexos con abogados ligados a fallos clave

La Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ), encabezada por su presidente Marcelo Acevedo Vallejo, solicitó formalmente al Pleno de la Corte Suprema que se abra un cuaderno de remoción en contra del ministro Diego Simpertigue Limare, amparándose en el artículo 80 de la Constitución y el artículo 332 N°3 del Código Orgánico de Tribunales. La petición sostiene que han surgido antecedentes que comprometen la independencia, imparcialidad y probidad exigidas a los integrantes del máximo tribunal. Según expone la OTJ, el requerimiento se funda en información revelada por el medio Reportea, que el 12 de noviembre de 2025 publicó un reportaje donde se detalla que, apenas finalizado el litigio entre el consorcio Belaz Movitec (CBM) y Codelco, el ministro Simpertigue realizó un viaje en crucero por Europa junto al abogado Eduardo Lagos y sus respectivas parejas. Los trabajadores citan textualmente que “Simpertigue votó en dos ocasiones a favor de CBM, a pesar de su cercanía y amistad con el abogado Lagos”, quien actualmente se encuentra acusado penalmente por el pago de coimas a la exministra Ángela Vivanco. OTJ pide remover a Simpertigue por viajes y nexos con abogados ligados a fallos clave

Presentación al pleno de la Corte Suprema

Excelentísimo Pleno de la Corte Suprema: Muy buenos días. Con la venia de este Excelentísimo Tribunal, me permito intervenir para expresar lo siguiente: Lo primero que debemos considerar es el momento histórico que atraviesa el Poder Judicial. Nos encontramos en una etapa crítica en términos de credibilidad ante la ciudadanía. Esta desconfianza no es meramente una percepción, sino que responde a hechos objetivos. Un ejemplo reciente —y lamentablemente ilustrativo— es la decisión de este mismo Pleno de no remover al Ministro señor Antonio Ulloa. Esta resolución ha enviado dos señales profundamente preocupantes: Primero, hacia el interior del Poder Judicial, se reafirma la idea de que existen dos tipos de justicia: una que se aplica a jueces y ministros, percibidos como figuras privilegiadas y protegidas, y otra, mucho más dura e implacable, que recae sobre el resto de los funcionarios. Segundo, hacia la ciudadanía, se transmite que la corrupción, mediante el tráfico de influencias, puede ser tolerada dentro de nuestra institución. Esto agrava aún más el desprestigio que enfrentamos y abre la puerta a que otros poderes del Estado, como el Congreso Nacional, deban intervenir a través de mecanismos como una acusación constitucional, dejando a la Corte Suprema en una situación de debilidad institucional. Sin embargo, más allá de estos casos puntuales, existe un problema estructural aún más profundo: la gobernanza del Poder Judicial. Actualmente, el escalafón primario concentra casi exclusivamente el poder de decisión, tanto en los órganos superiores como en la administración cotidiana de los tribunales. Desde el Consejo Superior hasta los comités de jueces en los tribunales reformados, la toma de decisiones se realiza sin una participación real de los demás escalafones. Las asociaciones de funcionarios, a pesar de contar con representación legal, son sistemáticamente excluidas de estos espacios o, en el mejor de los casos, invitadas sólo con derecho a voz, sin capacidad de incidir efectivamente. Esta lógica vertical y excluyente niega la posibilidad de construir una verdadera democratización institucional. Se da la impresión de que este Excelentísimo Tribunal considera que la capacidad de pensar, opinar y decidir reside exclusivamente en el escalafón primario, desvalorizando el conocimiento y la experiencia de miles de trabajadoras y trabajadores judiciales. En cuanto a la relación con los otros poderes del Estado, el Poder Judicial no ha logrado posicionarse con la claridad y la fuerza necesarias para asegurar los recursos que requiere nuestra función. En un contexto de crisis de seguridad que domina la agenda pública, no se ha visibilizado suficientemente la precariedad en la que operan nuestros tribunales: escasez de jueces, funcionarios y condiciones materiales en todo el país. Esta precariedad impide que la justicia sea oportuna y eficaz. A ello se suma el estancamiento de las condiciones económicas de nuestros funcionarios y funcionarias, cuyos sueldos llevan más de quince años sin una mejora significativa. Frente a este panorama, es urgente emprender transformaciones profundas. Las y los trabajadores del Poder Judicial estamos plenamente disponibles para ser parte de estos cambios, con el objetivo de construir una justicia a la altura del siglo XXI. Sin embargo, dichos cambios no serán posibles si seguimos operando bajo una lógica de poder concentrado, que más parece una monarquía que un órgano de un Estado democrático. Esperamos que estas jornadas de reflexión permitan visibilizar posturas históricas que atraviesan toda nuestra institución. Y aunque sean históricas, no por ello deben perpetuarse. Hoy, Excelentísimos Ministros y Ministras, tienen en sus manos la posibilidad de iniciar un proceso de cambio institucional que fortalezca la transparencia, promueva una verdadera carrera judicial, y ponga fin a los abusos de poder. Por lo tanto, venimos a solicitar a este Excelentísimo Tribunal lo siguiente: Participación efectiva de todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial en los Comités, Consejo Superior, Consejos Zonales y en los Plenos de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que aborden temas que puedan afectarnos o beneficiarnos. Esta participación debe incluir derecho a voz y voto, y ser ejercida por representantes elegidos por las asociaciones de funcionarios legalmente reconocidas. Publicidad y transparencia de todas las sesiones administrativas de las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema, Consejo Superior y Consejos Zonales. Estas sesiones deben ser públicas, transmitidas en directo y quedar grabadas para su fiscalización posterior por parte de la ciudadanía. Reordenamiento de las cargas de trabajo en todos los tribunales del país, mediante un estudio técnico externo. Además, solicitamos que todos los funcionarios y funcionarias que se encuentren en calidad de contrata por más de cinco años pasen automáticamente a planta, reconociendo su experiencia y estabilidad laboral. Fin al subcontrato en el Poder Judicial. Todas las trabajadoras y trabajadores de aseo, seguridad y mantención deben integrarse a la planta de los tribunales como personal titular, como una mínima medida de justicia laboral. Apoyamos firmemente la creación del programa de facilitadores judiciales, como mecanismo para ampliar el acceso a la justicia en sectores históricamente excluidos. Solicitamos la incorporación responsable de tecnologías basadas en inteligencia artificial para mejorar el acceso, la eficiencia y la administración de justicia, siempre resguardando los derechos fundamentales. Separación efectiva entre funciones jurisdiccionales y administrativas en los tribunales reformados, proponiendo la eliminación de los comités de jueces y su reemplazo por una figura de Juez Coordinador, elegido democráticamente por sus pares. Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que estas propuestas no sólo sean escuchadas, sino que marquen el inicio de un proceso de transformación profunda, que dignifique a nuestra institución y recupere la confianza de la ciudadanía.

“Aún quedan santos en la Corte”: La trama para salvar al ministro Antonio Ulloa

Por Marcelo Acevedo, presidente de Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) Ayer fuimos testigos de uno de los momentos más vergonzosos del Poder Judicial. En un Pleno Extraordinario, la Excelentísima Corte Suprema conoció y resolvió el cuaderno de remoción del ministro Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago. El resultado: decidió no removerlo. Este episodio vuelve a poner en evidencia un problema profundo y estructural de nuestro Poder Judicial: la existencia de un manto de protección para ciertos funcionarios, especialmente aquellos del escalafón primario —jueces y ministros— que operan como un verdadero corporativismo, donde la amistad y los pactos internos parecen pesar más que la independencia judicial. En este caso, el ministro Ulloa no sólo fue investigado por actuar como un lobista profesional en el nombramiento de jueces, ministros, notarios y funcionarios de diversos escalafones, sino que también se acreditó en el sumario que filtró información reservada al abogado Luis Hermosilla. A pesar de ello, la Corte Suprema decidió blindarlo. La votación de ministras y ministros como Letelier, Ravanales, Simpertigue, Repetto y Valderrama —varios de ellos cercanos a Ulloa y con vínculos directos en el caso Hermosilla— confirma lo que muchos ya sospechaban: “aún quedan santos en la Corte”, figuras que parecen intocables pese a los antecedentes en su contra. Pero más allá del caso específico, es importante considerar el momento histórico que atraviesa el Poder Judicial. Estamos en una etapa crítica, donde la credibilidad institucional ante la ciudadanía está seriamente comprometida. Y lo ocurrido ayer envía dos señales alarmantes: Primero, hacia el interior del propio Poder Judicial, se reafirma la idea de que existen dos justicias: una, indulgente y protectora, para jueces y ministros; y otra, mucho más dura e implacable, para el resto de los funcionarios. Segundo, hacia la ciudadanía, se transmite que la corrupción y el tráfico de influencias pueden ser tolerados dentro de la institución. Esto profundiza el descrédito público y abre la puerta a una posible intervención de otros poderes del Estado, como el Congreso, mediante mecanismos como una acusación constitucional. Así, la Corte Suprema queda en una posición de debilidad institucional. Sin embargo, más allá del caso y sus consecuencias inmediatas, hay un problema aún más grave y estructural: la forma en que se gobierna el Poder Judicial. Actualmente, el escalafón primario concentra casi en exclusiva el poder de decisión, tanto en los órganos superiores como en la administración cotidiana de los tribunales. Desde el Consejo Superior hasta los comités de jueces en los tribunales reformados, la toma de decisiones se realiza sin participación real de los demás escalafones. Aunque las asociaciones de funcionarios cuentan con representación legal, suelen ser sistemáticamente excluidas de los espacios de decisión, o, en el mejor de los casos, son invitadas con derecho a voz, pero sin capacidad real de incidir. Esta lógica vertical, jerárquica y excluyente impide cualquier avance hacia una democratización institucional. Se instala así la idea de que sólo el escalafón primario tiene la capacidad de pensar, opinar y decidir, desvalorizando el conocimiento y experiencia de miles de trabajadoras y trabajadores judiciales. En cuanto a la relación con los otros poderes del Estado, el Poder Judicial ha sido incapaz de posicionarse con claridad y fuerza para asegurar los recursos que requiere su labor. En medio de una crisis de seguridad que monopoliza la agenda pública, no se ha visibilizado la precariedad en la que operan los tribunales a lo largo del país: escasez de jueces, funcionarios y condiciones materiales, lo que impide una justicia oportuna y eficaz. A ello se suma el estancamiento de las condiciones económicas de funcionarios y funcionarias, cuyos sueldos no han experimentado mejoras significativas en más de quince años. Frente a este panorama, resulta urgente impulsar transformaciones profundas. Los cambios que actualmente se discuten en el Congreso son relevantes, pero deben ser objeto de una crítica seria: en lugar de resolver el problema de fondo, perpetúan el tráfico de influencias y simplemente trasladan la concentración de poder de un grupo a otro. Si seguimos operando bajo una lógica de poder cerrado y concentrado —que más parece una monarquía que un órgano propio de un Estado democrático—, será imposible avanzar hacia una justicia realmente moderna, transparente y al servicio de la ciudadanía.

Funcionarios Poder Judicial: “la decisión de mantener a Ulloa refleja el problema profundo en nuestro Poder Judicial”

El día de hoy, a través de un pleno extraordinario de la Excelentísima Corte Suprema, se conoció del cuaderno de remoción del Ministro Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que este mismo pleno determinó no remover al mencionado ministro.  Esto refleja, una vez más, el problema profundo que existe en nuestro Poder Judicial, relativo al manto de protección que tienen algunos funcionarios de este poder del Estado, en especial aquellos que pertenecen al escalafón primario, esto es, jueces y ministros. Cuando otros funcionarios o funcionarias de escalafones menores son protagonistas de hechos similares, se les sanciona con la remoción o se les sanciona con la más alta pena. No es el caso con sus pares; más bien existe un comportamiento laxo para sancionar.  Esto impacta negativamente, no solo en la opinión pública y la imagen del Poder Judicial que tiene a la ciudadanía – que ya está por el suelo- sino que también impacta directamente a los mismos trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, quienes son testigos de primera mano de una doble justicia interna en el Poder Judicial: una para el escalafón primario y otra para los demás escalafones, lo que perjudica gravemente a la institucionalidad y la credibilidad, lo que se concibe como un problema histórico y sistemático.  La validación del ministro Antonio Ulloa, y la decisión de mantenerlo en su cargo, perpetúa la corrupción al interior de este poder del Estado, en tanto el propio ministro ha sido un profesional del tráfico de influencias en el sistema de nombramientos, no solamente del escalafón primario -no solamente de notarios- sino que a todo nivel, incluso de funcionarios de más bajo rango. Eso, no sólo afecta a los demás oponentes de la ternas referidas, que no tuvieron la “suerte” de contar con el apoyo del señor Ulloa, sino que además perjudica y degrada totalmente la carrera judicial y funcionaria.  Lamentamos la decisión de la Excelentísima Corte Suprema. OTJ seguirá siendo una organización sindical de carácter denunciador de estos hechos y seguiremos nuestra senda, a fin de que este Poder Judicial cambie su lógica de poder, para tener un Poder Democrático más justo, no solamente para la ciudadanía, sino que para sus propios funcionarios, que día a día lo componen. 

Comunicado Gremios y Asociaciones del Poder Judicial

Estimadas y estimados compañeros y colegas. Las Asociaciones que suscriben vienen en informarque este Martes 16 de Septiembre nos reunimos con las Ministras Sra. Chevesick y Sra. Gonzalez,encargadas de la discusión de la propuesta de la Ley de Incentivo al Retiro para el Poder Judicial. Que la actual propuesta del Poder ejecutivo no logra satisfacer las peticiones que hicimos los gremiosdel Poder Judicial, por lo que seguiremos trabajando de forma conjunta en que se puedan satisfacerlas necesidades de todas y todos los funcionarios judiciales. Ahora bien, en estas actuales condiciones de incertidumbre, les invitamos a todos quienes cumplancon los requisitos establecidos en la normativa del incentivo a retiro vigente a postular a éste, ya queaún existen cupos suficientes para quienes deseen y reúnan los requisitos, considerando además, aque dentro de las propuesta por parte de la Dirección de Presupuesto DIPRES sería mantener losmontos del incentivo a retiro actualmente vigentes, y por otra parte, en atención al detrimento elpresupuesto público, propone la autoridad otorgar menos cupos de los que se requerirán. Por último, informamos que seguiremos trabajando en conjunto para lograr un incentivo al retiro enmejores condiciones de lo ofrecido por la autoridad competente. Gremios del Poder Judicial – Asociación Nacional de Empleados y Empleadas Judiciales. ANEJUD @anejudchile – Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial. ANCOT @ancot_pjud – Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. APRAJUD @aprajud_ – Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. ANFUCAPJ @_anfucapj – Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales. OTJ @otj_chile