Presentación de Marcelo Acevedo, Presidente OTJ, en comisión de acusación constitucional contra Ministro Ulloa
Presentación al pleno de la Corte Suprema
Excelentísimo Pleno de la Corte Suprema: Muy buenos días. Con la venia de este Excelentísimo Tribunal, me permito intervenir para expresar lo siguiente: Lo primero que debemos considerar es el momento histórico que atraviesa el Poder Judicial. Nos encontramos en una etapa crítica en términos de credibilidad ante la ciudadanía. Esta desconfianza no es meramente una percepción, sino que responde a hechos objetivos. Un ejemplo reciente —y lamentablemente ilustrativo— es la decisión de este mismo Pleno de no remover al Ministro señor Antonio Ulloa. Esta resolución ha enviado dos señales profundamente preocupantes: Primero, hacia el interior del Poder Judicial, se reafirma la idea de que existen dos tipos de justicia: una que se aplica a jueces y ministros, percibidos como figuras privilegiadas y protegidas, y otra, mucho más dura e implacable, que recae sobre el resto de los funcionarios. Segundo, hacia la ciudadanía, se transmite que la corrupción, mediante el tráfico de influencias, puede ser tolerada dentro de nuestra institución. Esto agrava aún más el desprestigio que enfrentamos y abre la puerta a que otros poderes del Estado, como el Congreso Nacional, deban intervenir a través de mecanismos como una acusación constitucional, dejando a la Corte Suprema en una situación de debilidad institucional. Sin embargo, más allá de estos casos puntuales, existe un problema estructural aún más profundo: la gobernanza del Poder Judicial. Actualmente, el escalafón primario concentra casi exclusivamente el poder de decisión, tanto en los órganos superiores como en la administración cotidiana de los tribunales. Desde el Consejo Superior hasta los comités de jueces en los tribunales reformados, la toma de decisiones se realiza sin una participación real de los demás escalafones. Las asociaciones de funcionarios, a pesar de contar con representación legal, son sistemáticamente excluidas de estos espacios o, en el mejor de los casos, invitadas sólo con derecho a voz, sin capacidad de incidir efectivamente. Esta lógica vertical y excluyente niega la posibilidad de construir una verdadera democratización institucional. Se da la impresión de que este Excelentísimo Tribunal considera que la capacidad de pensar, opinar y decidir reside exclusivamente en el escalafón primario, desvalorizando el conocimiento y la experiencia de miles de trabajadoras y trabajadores judiciales. En cuanto a la relación con los otros poderes del Estado, el Poder Judicial no ha logrado posicionarse con la claridad y la fuerza necesarias para asegurar los recursos que requiere nuestra función. En un contexto de crisis de seguridad que domina la agenda pública, no se ha visibilizado suficientemente la precariedad en la que operan nuestros tribunales: escasez de jueces, funcionarios y condiciones materiales en todo el país. Esta precariedad impide que la justicia sea oportuna y eficaz. A ello se suma el estancamiento de las condiciones económicas de nuestros funcionarios y funcionarias, cuyos sueldos llevan más de quince años sin una mejora significativa. Frente a este panorama, es urgente emprender transformaciones profundas. Las y los trabajadores del Poder Judicial estamos plenamente disponibles para ser parte de estos cambios, con el objetivo de construir una justicia a la altura del siglo XXI. Sin embargo, dichos cambios no serán posibles si seguimos operando bajo una lógica de poder concentrado, que más parece una monarquía que un órgano de un Estado democrático. Esperamos que estas jornadas de reflexión permitan visibilizar posturas históricas que atraviesan toda nuestra institución. Y aunque sean históricas, no por ello deben perpetuarse. Hoy, Excelentísimos Ministros y Ministras, tienen en sus manos la posibilidad de iniciar un proceso de cambio institucional que fortalezca la transparencia, promueva una verdadera carrera judicial, y ponga fin a los abusos de poder. Por lo tanto, venimos a solicitar a este Excelentísimo Tribunal lo siguiente: Participación efectiva de todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial en los Comités, Consejo Superior, Consejos Zonales y en los Plenos de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que aborden temas que puedan afectarnos o beneficiarnos. Esta participación debe incluir derecho a voz y voto, y ser ejercida por representantes elegidos por las asociaciones de funcionarios legalmente reconocidas. Publicidad y transparencia de todas las sesiones administrativas de las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema, Consejo Superior y Consejos Zonales. Estas sesiones deben ser públicas, transmitidas en directo y quedar grabadas para su fiscalización posterior por parte de la ciudadanía. Reordenamiento de las cargas de trabajo en todos los tribunales del país, mediante un estudio técnico externo. Además, solicitamos que todos los funcionarios y funcionarias que se encuentren en calidad de contrata por más de cinco años pasen automáticamente a planta, reconociendo su experiencia y estabilidad laboral. Fin al subcontrato en el Poder Judicial. Todas las trabajadoras y trabajadores de aseo, seguridad y mantención deben integrarse a la planta de los tribunales como personal titular, como una mínima medida de justicia laboral. Apoyamos firmemente la creación del programa de facilitadores judiciales, como mecanismo para ampliar el acceso a la justicia en sectores históricamente excluidos. Solicitamos la incorporación responsable de tecnologías basadas en inteligencia artificial para mejorar el acceso, la eficiencia y la administración de justicia, siempre resguardando los derechos fundamentales. Separación efectiva entre funciones jurisdiccionales y administrativas en los tribunales reformados, proponiendo la eliminación de los comités de jueces y su reemplazo por una figura de Juez Coordinador, elegido democráticamente por sus pares. Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que estas propuestas no sólo sean escuchadas, sino que marquen el inicio de un proceso de transformación profunda, que dignifique a nuestra institución y recupere la confianza de la ciudadanía.
“Aún quedan santos en la Corte”: La trama para salvar al ministro Antonio Ulloa
Por Marcelo Acevedo, presidente de Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) Ayer fuimos testigos de uno de los momentos más vergonzosos del Poder Judicial. En un Pleno Extraordinario, la Excelentísima Corte Suprema conoció y resolvió el cuaderno de remoción del ministro Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago. El resultado: decidió no removerlo. Este episodio vuelve a poner en evidencia un problema profundo y estructural de nuestro Poder Judicial: la existencia de un manto de protección para ciertos funcionarios, especialmente aquellos del escalafón primario —jueces y ministros— que operan como un verdadero corporativismo, donde la amistad y los pactos internos parecen pesar más que la independencia judicial. En este caso, el ministro Ulloa no sólo fue investigado por actuar como un lobista profesional en el nombramiento de jueces, ministros, notarios y funcionarios de diversos escalafones, sino que también se acreditó en el sumario que filtró información reservada al abogado Luis Hermosilla. A pesar de ello, la Corte Suprema decidió blindarlo. La votación de ministras y ministros como Letelier, Ravanales, Simpertigue, Repetto y Valderrama —varios de ellos cercanos a Ulloa y con vínculos directos en el caso Hermosilla— confirma lo que muchos ya sospechaban: “aún quedan santos en la Corte”, figuras que parecen intocables pese a los antecedentes en su contra. Pero más allá del caso específico, es importante considerar el momento histórico que atraviesa el Poder Judicial. Estamos en una etapa crítica, donde la credibilidad institucional ante la ciudadanía está seriamente comprometida. Y lo ocurrido ayer envía dos señales alarmantes: Primero, hacia el interior del propio Poder Judicial, se reafirma la idea de que existen dos justicias: una, indulgente y protectora, para jueces y ministros; y otra, mucho más dura e implacable, para el resto de los funcionarios. Segundo, hacia la ciudadanía, se transmite que la corrupción y el tráfico de influencias pueden ser tolerados dentro de la institución. Esto profundiza el descrédito público y abre la puerta a una posible intervención de otros poderes del Estado, como el Congreso, mediante mecanismos como una acusación constitucional. Así, la Corte Suprema queda en una posición de debilidad institucional. Sin embargo, más allá del caso y sus consecuencias inmediatas, hay un problema aún más grave y estructural: la forma en que se gobierna el Poder Judicial. Actualmente, el escalafón primario concentra casi en exclusiva el poder de decisión, tanto en los órganos superiores como en la administración cotidiana de los tribunales. Desde el Consejo Superior hasta los comités de jueces en los tribunales reformados, la toma de decisiones se realiza sin participación real de los demás escalafones. Aunque las asociaciones de funcionarios cuentan con representación legal, suelen ser sistemáticamente excluidas de los espacios de decisión, o, en el mejor de los casos, son invitadas con derecho a voz, pero sin capacidad real de incidir. Esta lógica vertical, jerárquica y excluyente impide cualquier avance hacia una democratización institucional. Se instala así la idea de que sólo el escalafón primario tiene la capacidad de pensar, opinar y decidir, desvalorizando el conocimiento y experiencia de miles de trabajadoras y trabajadores judiciales. En cuanto a la relación con los otros poderes del Estado, el Poder Judicial ha sido incapaz de posicionarse con claridad y fuerza para asegurar los recursos que requiere su labor. En medio de una crisis de seguridad que monopoliza la agenda pública, no se ha visibilizado la precariedad en la que operan los tribunales a lo largo del país: escasez de jueces, funcionarios y condiciones materiales, lo que impide una justicia oportuna y eficaz. A ello se suma el estancamiento de las condiciones económicas de funcionarios y funcionarias, cuyos sueldos no han experimentado mejoras significativas en más de quince años. Frente a este panorama, resulta urgente impulsar transformaciones profundas. Los cambios que actualmente se discuten en el Congreso son relevantes, pero deben ser objeto de una crítica seria: en lugar de resolver el problema de fondo, perpetúan el tráfico de influencias y simplemente trasladan la concentración de poder de un grupo a otro. Si seguimos operando bajo una lógica de poder cerrado y concentrado —que más parece una monarquía que un órgano propio de un Estado democrático—, será imposible avanzar hacia una justicia realmente moderna, transparente y al servicio de la ciudadanía.
Funcionarios Poder Judicial: “la decisión de mantener a Ulloa refleja el problema profundo en nuestro Poder Judicial”
El día de hoy, a través de un pleno extraordinario de la Excelentísima Corte Suprema, se conoció del cuaderno de remoción del Ministro Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que este mismo pleno determinó no remover al mencionado ministro. Esto refleja, una vez más, el problema profundo que existe en nuestro Poder Judicial, relativo al manto de protección que tienen algunos funcionarios de este poder del Estado, en especial aquellos que pertenecen al escalafón primario, esto es, jueces y ministros. Cuando otros funcionarios o funcionarias de escalafones menores son protagonistas de hechos similares, se les sanciona con la remoción o se les sanciona con la más alta pena. No es el caso con sus pares; más bien existe un comportamiento laxo para sancionar. Esto impacta negativamente, no solo en la opinión pública y la imagen del Poder Judicial que tiene a la ciudadanía – que ya está por el suelo- sino que también impacta directamente a los mismos trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, quienes son testigos de primera mano de una doble justicia interna en el Poder Judicial: una para el escalafón primario y otra para los demás escalafones, lo que perjudica gravemente a la institucionalidad y la credibilidad, lo que se concibe como un problema histórico y sistemático. La validación del ministro Antonio Ulloa, y la decisión de mantenerlo en su cargo, perpetúa la corrupción al interior de este poder del Estado, en tanto el propio ministro ha sido un profesional del tráfico de influencias en el sistema de nombramientos, no solamente del escalafón primario -no solamente de notarios- sino que a todo nivel, incluso de funcionarios de más bajo rango. Eso, no sólo afecta a los demás oponentes de la ternas referidas, que no tuvieron la “suerte” de contar con el apoyo del señor Ulloa, sino que además perjudica y degrada totalmente la carrera judicial y funcionaria. Lamentamos la decisión de la Excelentísima Corte Suprema. OTJ seguirá siendo una organización sindical de carácter denunciador de estos hechos y seguiremos nuestra senda, a fin de que este Poder Judicial cambie su lógica de poder, para tener un Poder Democrático más justo, no solamente para la ciudadanía, sino que para sus propios funcionarios, que día a día lo componen.
Comunicado Gremios y Asociaciones del Poder Judicial
Estimadas y estimados compañeros y colegas. Las Asociaciones que suscriben vienen en informarque este Martes 16 de Septiembre nos reunimos con las Ministras Sra. Chevesick y Sra. Gonzalez,encargadas de la discusión de la propuesta de la Ley de Incentivo al Retiro para el Poder Judicial. Que la actual propuesta del Poder ejecutivo no logra satisfacer las peticiones que hicimos los gremiosdel Poder Judicial, por lo que seguiremos trabajando de forma conjunta en que se puedan satisfacerlas necesidades de todas y todos los funcionarios judiciales. Ahora bien, en estas actuales condiciones de incertidumbre, les invitamos a todos quienes cumplancon los requisitos establecidos en la normativa del incentivo a retiro vigente a postular a éste, ya queaún existen cupos suficientes para quienes deseen y reúnan los requisitos, considerando además, aque dentro de las propuesta por parte de la Dirección de Presupuesto DIPRES sería mantener losmontos del incentivo a retiro actualmente vigentes, y por otra parte, en atención al detrimento elpresupuesto público, propone la autoridad otorgar menos cupos de los que se requerirán. Por último, informamos que seguiremos trabajando en conjunto para lograr un incentivo al retiro enmejores condiciones de lo ofrecido por la autoridad competente. Gremios del Poder Judicial – Asociación Nacional de Empleados y Empleadas Judiciales. ANEJUD @anejudchile – Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial. ANCOT @ancot_pjud – Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. APRAJUD @aprajud_ – Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. ANFUCAPJ @_anfucapj – Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales. OTJ @otj_chile
Denuncian ante la Corte de Santiago a ministro Antonio Ulloa por desconocido fallo en contra del juez Urrutia
El Equipo de Contrapoder Chile tuvo acceso a una nueva denuncia en contra del ministro Ulloa. Según se lee en el escrito emitido por la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ), Ulloa no se habría inhabilitado en un fallo contra el juez Daniel Urrutia, pese a la reconocida animadversión del ministro en contra del magistrado, y que ha sido documentada anteriormente en una investigación disciplinaria. El pasado 3 de septiembre, la Corte Suprema resolvió abrir un cuaderno de remoción en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, luego de que se filtraran conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, en donde se revelaban gestiones para influir en nombramientos judiciales. Sin embargo, el Equipo de Contrapoder Chile tuvo acceso a una nueva denuncia en contra del ministro Ulloa. Según se lee en el escrito emitido por la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ), todo surgió el 18 de febrero de este año, cuando por intermedio del correo institucional se le notificó al juez Daniel Urrutia el acta de Pleno del 2, 3 y 4 de diciembre de 2024, el que decidió bajarlo de lista sobresaliente a muy buena. “Efectuado el correspondiente debate y deliberación, se acordó por el Pleno incluir al funcionario de que se trata, juez don Daniel Urrutia Laubreaux en lista muy buena, por registrar una medida disciplinaria de amonestación privada. Para resolver de ese modo se tuvieron en consideración los siguientes argumentos”. Independiente de no compartir los fundamentos de la decisión del Pleno de la Ilustrísima Corte de Santiago, uno de los ministros que concurrió a bajar de categoría a nuestro dirigente gremial fue el entonces ministro Sr. Antonio Ulloa Márquez”, se lee en la denuncia. Lo anterior alertó a la OTJ, ya que según detalla el gremio, es de público conocimiento la animadversión de Ulloa en contra de Urrutia, por lo que el ministro no se inhabilitó del Pleno referido -cuando debería haberlo hecho-, y falló en contra del juez.
Caso Lexus: Corte Suprema se blanquea comunicacionalmente removiendo al Director y Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial
El día de ayer, a través de los medios de comunicación institucionales del Poder Judicial, tomamos conocimiento de que la Corte Suprema removió al Director y Subdirector de la Corporación Administrativa del PJUD, argumentando la pérdida de confianza, a consecuencia del sumario del llamado “caso Lexus”, y estableciéndolos como responsables del hecho. En definitiva, fueron los propios Ministros Supremos, a través de un pleno, quienes tomaron la decisión de comprar los Lexus. A pesar de ello, la excma. Corte Suprema responsabilizó a quienes no tomaron la decisión de adquirir los vehículos de alta gama. Este blanqueamiento comunicacional nos parece una maniobra grotesca, lo que se evidencia además, en el hecho de que se publicó la noticia inmediatamente en su portal, sin previa notificación a los involucrados y peor aún, sancionando a personas que no son las responsables directamente en la toma de decisiones. Por otra parte, la decisión de remoción del Subdirector es contraria a derecho, por cuanto el señor Zvonimr Koporcic es director regional de nuestra organización. Por esto, hemos presentado un requerimiento al Excmo. Pleno de la Corte Suprema, para que se respete la normativa vigente, pues se ha vulnerado el fuero sindical que ostenta todo dirigente y la pérdida de confianza no es causal suficiente para vulnerar dicho fuero. Finalmente, la medida tomada por la Corte Suprema vulnera no solo la normativa interna de Chile, sino que también los convenios 98 y 89 de la OIT, que garantizan plenamente todos los derechos relacionados con la formación, organización y funcionamiento de sindicatos y asociaciones, además de estar amparado bajo el artículo 19 número 16 de la Constitución, que garantiza la protección del trabajo y las actividades relacionadas a la libertad sindical, siendo por tanto la remoción del señor Koporcic Alfaro, un acto contrario a derecho.
Trabajadores del Poder Judicial denuncian que reforma al sistema de nombramientos de jueces profundiza el tráfico de influencias
Mediante un comunicado público, diversas organizaciones de funcionarios del Poder Judicial advierten que el proyecto de ley que busca modificar el sistema de nombramientos y el Gobierno Judicial tiene graves falencias. La preocupación se ha intensificado entre los trabajadores del Poder Judicial, quienes debaten sobre la reforma constitucional que modifica el Gobierno Judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales. Es por esto que este martes 17 de junio, diversas asociaciones han manifestado su profunda preocupación por el rumbo que está tomando este proyecto de ley, advirtiendo que, lejos de solucionar los problemas, podría agravarlos y profundizar el tráfico de influencias. El proyecto propone cambiar cómo se nombran los jueces, pretendiendo hacerlo de forma más transparente y meritocrática a través de un nuevo Consejo, y separar las funciones administrativas de las judiciales, para que la Corte Suprema se dedique a dictar sentencias. La Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial (ANCOT), de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD), de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (ANFUCAPJ) y la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) denuncian que, a pesar de la necesidad de un cambio estructural en el sistema de nombramientos, el proyecto presentado por el Gobierno y las indicaciones en la Cámara de Diputados cometen serios errores. Pese a que la reforma busca una justicia más independiente y eficiente, las asociaciones judiciales argumentan que la propuesta actual no incluye la participación de todos los rangos de funcionarios, reemplazándolos con figuras políticas, lo que iría en contra de los principios de transparencia y probidad. Uno de los puntos más críticos señalados por las asociaciones es la falta de invitación a participar en el diseño del proyecto de ley y en el debate parlamentario siendo “considerados simplemente como meros espectadores o personas externas a nuestra propia institución”, señalaron en un comunicado. Asimismo, comentaron que se está desaprovechando la valiosa experiencia de años de administración del servicio judicial, ignorando a quienes fueron los primeros en demandar mayor probidad y transparencia en lainstitución. Además, las organizaciones señalan que muchas de las propuestas carecen de precisión técnica y previsión normativa, lo que podría comprometer su eficacia y viabilidad porque “en los hechos no se ve plasmado en la propuesta presentada”, aseguran. Advierten que la reforma debe garantizar coherencia normativa, operatividad práctica y alineación con los principios de independencia, transparencia y eficiencia. Ante este panorama, las Asociaciones del Poder Judicial se han declarado en alerta y han hecho un llamado urgente al Congreso Nacional para que se les incluya en la discusión y así construir un sistema de nombramientos y gobierno judicial que realmente beneficie al país. Los funcionarios se encuentran “preparados en dar cuenta, de cara a la ciudadanía, de todos los efectos nocivos que puede generar la actual propuesta legislativa”, enfatizan en el comunicado. Fuente: El Ciudadano
“Maniobra grotesca”: funcionarios fustigan remoción de director y subdirector de la CAPJ en Caso Lexus
La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) criticó duramente que la Corte Suprema removiera al director y subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán Sanza y Zvonimir Koporcic Alfaro, respectivamente, por sus responsabilidades en el denominado “Caso Lexus”. A través de un comunicado, la OTJ denunció que la medida se trata de un blanqueamiento comunicacional, el cual calificaron como una maniobra grotesca. Según acusan en el texto, fueron los propios Ministros Supremos, a través de un pleno, quienes tomaron la decisión de comprar los Lexus. “A pesar de ello, la excma. Corte Suprema responsabilizó a quienes no tomaron la decisión de adquirir los vehículos de alta gama”, manifestaron. Funcionarios critican remoción de director y subdirector de la CAPJ por Caso Lexus “Este blanqueamiento comunicacional nos parece una maniobra grotesca, lo que se evidencia además, en el hecho de que se publicó la noticia inmediatamente en su portal”, continuaron los trabajadores. Esto último, dicen, fue sin previa notificación a los involucrados y, peor aún, “sancionando a personas que no son las responsables directamente en la toma de decisiones”. Por otra parte, la OTJ señaló también que la decisión de remover al subdirector es contraria a derecho, “por cuanto el señor Zvonimr Koporcic es director regional de nuestra organización”. “Por esto, hemos presentado un requerimiento al Excmo. Pleno de la Corte Suprema, para que se respete la normativa vigente, pues se ha vulnerado el fuero sindical que ostenta todo dirigente y la pérdida de confianza no es causal suficiente para vulnerar dicho fuero“, añadieron. Los trabajadores y trabajadoras finalizaron su manifiesto asegurando que la medida vulnera no sólo la normativa interna de Chile, sino también los convenios 98 y 89 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aquellos, detallan, garantizan plenamente todos los derechos relacionados con la formación, organización y funcionamiento de sindicatos y asociaciones, además de estar amparado bajo el artículo 19 N° 16 de la Constitución, que garantiza la protección del trabajo y las actividades relacionadas a la libertad sindical, siendo, por tanto, la remoción del señor Koporcic Alfaro, un acto contrario a derecho. Fuente: BioBioChile
Presidente de los trabajadores del Poder Judicial: «Al juez Urrutia quisieron dañarle su reputación y carrera»
El presidente de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial, Marcelo Acevedo, revela los entramados del sistema judicial chileno en una conversación exclusiva con El Ágora. La entrevista con Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial (OTJ), desnuda las graves falencias estructurales en el Poder Judicial chileno. Entre los temas abordados, destaca la falta de transparencia, la incidencia del tráfico de influencias en los nombramientos judiciales y la controversia que rodea al juez Daniel Urrutia, quien ha sido objeto de una supuesta operación para dañar su reputación. Tráfico de influencias y sus consecuencias “Los famosos chats de Luis Hermosilla han expuesto no sólo el tráfico de influencias, sino también el sistema de favores que se genera tras los nombramientos de jueces y ministros,” comienza explicando Acevedo. A su juicio, estos intercambios incluyen beneficios indebidos para aquellos que facilitan dichos nombramientos. Casos recientes, como el de la ministra Verónica Sabaj, muestran cómo estos favores pueden perjudicar a otros magistrados. Acevedo señala: “La influencia de Hermosilla y Chadwick durante el gobierno de Sebastián Piñera facilitó el nombramiento de Sabaj, quien posteriormente habría actuado para inhabilitar al juez Daniel Urrutia”. Estos hechos, relatados en los chats filtrados, también revelan una animadversión hacia Urrutia. La situación del juez Urrutia El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, conocido por su postura crítica hacia el gobierno de Piñera y Carabineros tras el estallido social, se ha convertido en una figura polémica dentro del Poder Judicial. “No se trata sólo de desacuerdos jurídicos; la campaña contra él parece ser un esfuerzo concertado para dañar su reputación y carrera”, indica Acevedo. Luis Hermosilla, según los audios y chats filtrados, habría maquinado una estrategia para debilitar a Urrutia, quien era visto como un obstáculo para los intereses de ciertos sectores cercanos al gobierno de Piñera. Crítica al sistema de nombramientos Marcelo Acevedo denuncia que el sistema de nombramientos judiciales en Chile está profundamente viciado: “Los jueces y ministros son propuestos por el Ministerio de Justicia, el Presidente de la República y ratificados por el Senado. Este entramado favorece el tráfico de influencias, ya que los nombrados quedan en deuda con quienes los promovieron”. El problema no radica sólo en el nombramiento de jueces, sino también en las repercusiones posteriores. “Cuando aceptas un favor para obtener un cargo, inevitablemente le debes algo a quien te ayudó. Esto afecta la independencia judicial y socava la confianza pública en el sistema,” afirma. Dos justicias para Chile Acevedo también aborda el impacto de estas prácticas en la percepción ciudadana. “Esto perpetúa la idea de que existen dos justicias: una para quienes tienen influencias y otra para la ciudadanía común”, comenta. Finalmente, destaca la importancia de realizar reformas profundas: “Es necesario terminar con esta amalgama entre política y justicia. Sólo así se podrá recuperar la credibilidad del sistema judicial chileno”. Fuente: El Ágora